La CFTC ha impulsado dos medidas destinadas a clarificar los límites de sus competencias sobre los productos financieros vinculados a acontecimientos futuros y las actividades de juego. El organismo pretende diferenciar los contratos de eventos, que considera instrumentos derivados sujetos a su autoridad, de las apuestas y los juegos propios de los casinos, cuya regulación quedaría fuera de esta categoría.
La primera iniciativa plantea ampliar las precisiones normativas sobre el concepto de swap para abarcar contratos relacionados con resultados de acontecimientos deportivos, políticos, culturales y meteorológicos. Según la Comisión, estos productos presentan características propias de los derivados de materias primas y, por tanto, deben quedar sometidos al marco federal establecido por la Commodity Exchange Act.
El presidente de la CFTC, Michael Selig, defendió que estos instrumentos se encuentran dentro de las atribuciones regulatorias de la agencia y sostuvo que su tratamiento jurídico requiere una delimitación clara para evitar interpretaciones divergentes.
La segunda medida, presentada como norma final provisional, establece la exclusión de los productos de juego de estilo casino de la definición de swap. La propuesta comprende tanto las apuestas deportivas efectuadas a través de casas de apuestas como los juegos de casino tradicionales.
Selig argumentó que estas actividades no constituyen derivados financieros y explicó que la Comisión pretende definir expresamente las fronteras de su ámbito de actuación, diferenciando los productos sujetos a supervisión federal de aquellos que históricamente han correspondido a las autoridades estatales.
Ambas iniciativas contemplan un periodo de 30 días para la presentación de observaciones, durante el cual los interesados podrán trasladar sus comentarios sobre los cambios planteados.
El movimiento regulatorio se produce en medio de las disputas judiciales promovidas por varios estados contra operadores de mercados de predicción, entre ellos Kalshi y Polymarket. Las autoridades estatales sostienen que determinadas actividades de estas plataformas podrían constituir juego ilegal, mientras que la CFTC ha recurrido a los tribunales para defender su competencia federal sobre los contratos de eventos.
La delimitación entre las atribuciones estatales y federales constituye el núcleo de esta controversia. Las nuevas medidas podrían adquirir especial relevancia en el desarrollo de futuros procedimientos judiciales, incluida una eventual intervención del Tribunal Supremo de Estados Unidos para resolver el alcance de las competencias de ambas administraciones.
